Este medio de comunicación esta legalizado en base al artículo 35 de la Constitución política de la república de Guatemala y el artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos.
Inicia la construcción de la «cruz del perdón» en el cementerio de aldea Sashíco en Santa María Xalapán, Jalapa, Guatemala.
Por: fenixnoticias.com
La comunidad de la aldea Sashíco se encuentra en un momento de reflexión e innovación espiritual tras el inicio de los trabajos de construcción de un nuevo monumento en el cementerio local: la «Cruz del Perdón».
Este proyecto, impulsado con la colaboración de vecinos y autoridades locales, busca consolidarse como un ícono de fe, reconciliación y memoria colectiva para las familias de la localidad y sectores adyacentes.
La erigición de esta estructura en el campo santo responde al deseo de contar con un punto de encuentro espiritual en el que los deudos puedan rendir tributo a sus seres queridos.
De acuerdo con la tradición cristiana, el concepto de la Cruz del Perdón evoca la misericordia divina, el consuelo ante la pérdida y el descanso eterno de los difuntos.
Más allá de su valor religioso, la monumental cruz está pensada para ser un lugar de recogimiento, donde los visitantes puedan encontrar paz, pedir sanación espiritual y renovar los lazos de unidad comunitaria.
Con el avance de la obra, la población prevé que la «Cruz del Perdón» sea el centro de diversas ceremonias litúrgicas y conmemorativas, especialmente en fechas clave como el Día de Todos los Santos.
Se espera que en las próximas semanas se anuncien los detalles de la culminación de los trabajos, así como la fecha programada para su respectiva bendición e inauguración formal con la presencia de la comunidad.
LA PÉRDIDA DE MILPAS AMENAZA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRESIONA LOS MERCADOS LOCALES
Por: fenixnoticias.com
El prolongado déficit de lluvias y la extensión de la canícula están asestando un golpe demoledor a la agricultura de subsistencia en el país.
Cientos de manzanas de siembra de maíz (milpa) se han secado por completo antes de concluir su ciclo de maduración, dejando a miles de familias campesinas sin su principal fuente de alimento para el año y encendiendo las alarmas por el inminente impacto en la economía nacional.
Las pérdidas en la primera cosecha del año (conocida como siembra de Primera) registran niveles críticos.
En departamentos del Corredor Seco como Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Jalapa y Jutiapa, los reportes locales indican la pérdida de entre el 80% y el 100% de los cultivos en los municipios más vulnerables.
La crisis también se extiende a departamentos de la región central y sur, entre ellos Chimaltenango, Baja Verapaz, Santa Rosa y Escuintla, donde la interrupción de las lluvias por tres a cuatro semanas consecutivas marchitó los tallos y evitó el llenado del grano.
La inversión realizada en semilla, fertilizantes y mano de obra que asciende a miles de quetzales por manzana se ha perdido totalmente, dejando a los hogares sin reservas de grano para su autoconsumo.
La escasez en el campo ya empieza a trasladarse a los principales centros de acopio y mercados cantonales del país.
Al no contar con producción propia, miles de pequeños agricultores se ven obligados a salir a comprar grano al mercado local, generando una demanda extraordinaria que presiona los precios al alza.
Especialistas en el sector señalan que, si bien es poco probable que el quintal de maíz alcanzase cifras extremas de Q300 o Q400 debido a la activación de contingentes arancelarios de importación y al límite del poder adquisitivo de la población, el precio del quintal en mercados clave como el CENMA o La Terminal podría situarse en un rango de riesgo de entre Q215 y Q250. Este incremento impactará de forma directa en el costo final de la tortilla y en el valor total de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Asistencia estatal bajo el escrutinio de las comunidades Frente a la emergencia, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) han activado programas de mitigación que incluyen la entrega de raciones de emergencia, incentivos de «Alimentos por Acciones» e intervenciones a través del Seguro Agrícola Paramétrico. Sin embargo, desde las comunidades afectadas la respuesta estatal es vista con escepticismo.
Productores locales señalan que las bolsas de granos básicos entregadas por las autoridades apenas logran cubrir las necesidades nutricionales de una familia durante 8 a 10 días, lo que resulta insuficiente frente a la pérdida de una cosecha completa proyectada para sostenerlos durante casi doce meses.
Técnicos agrícolas y organizaciones campesinas coinciden en que la entrega puntual de alimentos debe ser complementada con medidas de fondo: la masificación de sistemas artesanales de captación de agua de lluvia, subsidios directos en efectivo para devolver liquidez a las familias, apoyo inmediato con insumos para la siembra de Postrera (segunda temporada) y la transición hacia el uso de semillas mejoradas con tolerancia al estrés hídrico.
Sin una reestructuración profunda en las políticas de apoyo al pequeño productor, el cambio climático y las sequías recurrentes continuarán condenando a la vulnerabilidad alimentaria a las zonas rurales de Guatemala.
Un potente sismo de magnitud 7.7 sacudió este viernes la región oriental de Indonesia, activando alertas preventivas de tsunami y dejando a su paso víctimas mortales, evacuaciones de emergencia y severos daños materiales.
Por: fenixnoticias.com
Un violento movimiento telúrico de magnitud 7.7 en la escala de Richter sacudió la región este de Indonesia, provocando momentos de pánico entre la población, la evacuación urgente de centros hospitalarios y el colapso parcial de diversas infraestructuras en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.
Según el informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG), el epicentro se localizó en el Mar de Flores, a unos 68 kilómetros al norte-noreste de la ciudad de Ende, registrado a una profundidad relativamente superficial de 10 kilómetros.
La escasa profundidad del hipocentro multiplicó la intensidad de la sacudida en la superficie.
Víctimas y balance preliminar De acuerdo con los datos suministrados por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB), se confirma de manera preliminar la muerte de al menos dos personas en la Isla de Flores.
Asimismo, se contabilizan múltiples heridos con lesiones de diversa consideración.
Entre los casos reportados por las autoridades locales destaca el de un sacerdote de la localidad de Maumere, quien sufrió fracturas tras saltar desde un segundo piso durante el colapso de parte de una estructura religiosa mientras intentaba ponerse a salvo.
El pánico obligó a la evacuación inmediata de pacientes y personal sanitario en el hospital de la zona de Ende.
Las imágenes y reportes de campo muestran a decenas de personas siendo atendidas en camillas al aire libre, ante el temor de derrumbes provocados por las constantes réplicas, las cuales han alcanzado magnitudes de hasta 6.1.
En cuanto a la infraestructura local, se reportan grietas severas en paredes y techos colapsados en edificios públicos y privados.
Entre las zonas más golpeadas se encuentra la terminal del puerto de Pelni en la región de Sikka, así como instalaciones educativas eclesiásticas.
Tras la sacudida inicial, la agencia BMKG emitió de forma inmediata una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras de las islas cercanas, instando a los habitantes a desplazarse a zonas elevadas.
Horas más tarde, las autoridades levantaron la alerta al comprobarse que el nivel del mar no presentó variaciones anómalas de peligro extremo.
Los equipos de rescate y protección civil continúan desplegados en los puntos de difícil acceso para evaluar la magnitud total de los daños y verificar si existen más personas atrapadas bajo los escombros.
El Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala decretó un embargo definitivo sobre las cuentas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), tras el incumplimiento del pago de costas procesales.
La medida fue confirmada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad que promovió la ejecución para hacer efectivo el cobro derivado de un proceso de amparo previo en el que la representación legal del sindicato docente fue condenada al pago de dicho rubro.
De acuerdo con el mandato judicial, la retención de fondos aplica a las cuentas bancarias de la dirigencia sindical bajo las siguientes especificaciones:
El embargo se fijó hasta por una suma de Q3,160.00.
Afecta a cuentas monetarias, de ahorro y depósitos a plazo fijo constituidos a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del STEG.
Las instituciones financieras correspondientes deberán congelar el monto señalado para garantizar la cobertura del requerimiento hecho por el juzgado.
Con este fallo, el órgano jurisdiccional busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones dinerarias fijadas en sentencia, en el marco del litigio procesal sostenido por la representación del magisterio oficial.
Desalojo forzoso en Humahuaca, San Salvador de Jujuy, Argentina.
Por: fenixnoticias.com
La Comunidad Indígena Cueva del Inca emitió un enérgico comunicado en el que repudió de manera categórica el operativo de desalojo y la violenta represión ejecutada este martes 11 de agosto contra la familia Soruco, perteneciente a la Comunidad de Santa Rosa en la localidad de Humahuaca. De acuerdo con las denuncias de la organización territorial, la medida punitiva fue ordenada por el Juez Juan Pablo Calderón y contó con la colaboración activa de la Juez de Paz local.
El operativo, que derivó en momentos de extrema tensión e impotencia, culminó con la aprehensión de ocho integrantes de la comunidad, quienes fueron trasladados a la seccional policial de la zona.
La comunidad denunció graves abusos e irregularidades durante el procedimiento de las fuerzas de seguridad.
Según detallaron, los efectivos policiales dispararon proyectiles de goma hacia zonas críticas del cuerpo, impactando en ojos y rostros de jóvenes, mujeres y niñas. Paralelamente, miembros de la comunidad habrían sido golpeados y arrastrados por el suelo.
Asimismo, se señaló que mujeres e infantes fueron retirados del interior de la vivienda en medio de escenas de llanto y desesperación.
La conmoción social aumentó luego de que se utilizara maquinaria y un camión del Municipio de Humahuaca para derribar y destruir por completo la infraestructura donde habitaba la familia Soruco.
Frente a lo que califican como un inminente atropello a los derechos constitucionales e internacionales que amparan a los pueblos originarios como el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional, la comunidad confirmó que la denuncia correspondiente ya ha sido elevada ante el fuero de la Justicia Federal.
Las organizaciones originarias expresaron su preocupación frente a los proyectos normativos referidos a la inviolabilidad de la propiedad privada, argumentando que este tipo de iniciativas buscan implementar un esquema de desalojos express para despojarlos de sus tierras ancestrales.
El desalojo y represión de la Comunidad de Santa Rosa es un claro ejemplo de lo que pretenden a nivel provincial y nacional.
La lucha sigue: No más desalojos, la tierra no se vende, se defiende», remarcaron en el comunicado en el que ratificaron que no darán un paso atrás en la defensa de sus derechos.
En el Congreso de la República de Guatemala se debate la Iniciativa de Ley 6665, denominada «Ley para la Infraestructura Urgente del Transporte de Energía Eléctrica».
Mientras sus promotores y autoridades del sector energético la defienden como la vía indispensable para llevar luz a cerca de dos millones de guatemaltecos, diversos sectores sociales, alcaldías y autoridades de pueblos originarios denuncian que el proyecto vulnera el derecho a la propiedad privada y profundiza la asimetría a favor de los monopolios eléctricos.
El punto central de la controversia radica en los mecanismos propuestos para agilizar la constitución de servidumbres de paso y la emisión de licencias municipales y ambientales.
La propuesta califica la construcción de líneas de transmisión y distribución como obras de «utilidad pública e interés social», otorgando a las empresas distribuidoras herramientas legales aceleradas para instalar postes, torres y cableado sobre terrenos privados y comunales.
Para los críticos de la norma, la iniciativa invierte el balance de poder sobre la tierra.
Aunque formalmente no se configura una expropiación, ya que el título de propiedad se mantiene a nombre del titular, en la práctica se limita la capacidad del propietario o de la asamblea comunitaria de negarse a la instalación de infraestructura en su patrimonio.
La discusión legislativa ha reactivado un reclamo histórico de la población guatemalteca, «la desigualdad en el trato entre las empresas distribuidoras y los dueños de los inmuebles».
Actualmente, miles de postes y líneas eléctricas ocupan parcelas y terrenos privados sin que las empresas paguen ningún tipo de canon o compensación continua a los propietarios por el uso de su suelo, al contrario, cuando un ciudadano requiere reubicar o retirar un poste que obstaculiza una construcción o un acceso dentro de su propia propiedad, las distribuidoras emiten presupuestos que suelen oscilar entre los Q8,000 y Q12,000 o más.
«A la empresa le facilitan el paso a la fuerza invocando el interés público, pero cuando la infraestructura le estorba al ciudadano en su propio terreno, la empresa cobra cifras astronómicas como si fuera un servicio privado de lujo», señalan comunitarios de diferentes pueblos originarios del país.
En los territorios donde prevalece la propiedad comunal, ejidal o ancestral, la iniciativa ha encendido las alarmas respecto al respeto de la Consulta Previa, Libre e Informada bajo el Convenio 169 de la OIT.
Autoridades ancestrales advierten que imponer la urgencia administrativa sobre la toma de decisiones comunitarias generará mayor conflictividad social en el interior del país.
Debido a estas posturas encontradas y al rechazo de diversos bloques parlamentarios, la propuesta ha enfrentado dificultades para reunir los consensos necesarios que permitan su aprobación en tercer debate y redacción final.
La decisión del Pleno determinará si prevalece el modelo de expansión acelerada impulsado por el sector eléctrico o si se abrirá espacio para modificar las condiciones que afectan a los propietarios y a las comunidades locales.
El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible en España, Islandia, Groenlandia y el norte de Rusia, según la ESA y la NASA. (Europa Press)
Por: fenixnoticias.com
Este miércoles 12 de agosto de 2026 se registrará uno de los eventos astronómicos más esperados de la década: un eclipse solar total.
El fenómeno, confirmado y monitoreado por agencias espaciales e institutos de astronomía como la NASA y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), oscurecerá cielos en el hemisferio norte y captará la atención de la comunidad científica internacional.
¿Dónde y a qué hora se verá la totalidad?
La franja de umbra, la zona donde la Luna cubrirá al 100% el disco solar iniciará su recorrido en el Océano Ártico. Posteriormente atravesará Groenlandia e Islandia, antes de adentrarse en el continente europeo.
El tramo final del eclipse total cruzará la mitad norte de España al atardecer, pasando por ciudades como La Coruña, Bilbao, Zaragoza y la zona de las Islas Baleares.
Punto máximo del eclipse: Ocurrirá en el Atlántico Norte (frente a las costas de Islandia) a las 17:45 UTC, donde la totalidad alcanzará una duración máxima de 2 minutos y 19 segundos.
Visibilidad en Europa: En España, la fase de totalidad comenzará a apreciarse a partir de las 20:26 hora local, coincidiendo con el ocaso del Sol.
Visibilidad parcial y regiones excluidas Fuera de la franja principal, el eclipse se observará de forma parcial en una vasta zona geopolítica que incluye:
Prácticamente toda Europa.
El norte de África.
El noreste de Estados Unidos y la costa este de Canadá.
En el caso de América Latina, Centroamérica y la mayor parte del continente americano, el fenómeno no será visible debido a la posición geográfica de la Tierra respecto a la sombra proyectada por la Luna.
Recomendaciones oficiales y cobertura en vivo, El Instituto Geográfico Nacional y las autoridades de salud recuerdan a la población que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada.
Para una observación segura es imprescindible el uso de gafas de eclipse certificadas bajo la norma ISO 12312-2 o mediante métodos de proyección indirecta.
El uso de gafas de sol convencionales, radiografías o binoculares sin filtro puede provocar daños oculares irreversibles.
Para los observadores ubicados en regiones donde el evento no será visible, la NASA ofrecerá una transmisión oficial en vivo a través de sus plataformas digitales y en NASA Live a partir de las 13:15 EDT (17:15 UTC).
Terremoto de magnitud 7.4 en el occidente de Colombia
Por: fenixnoticias.com
Un potente sismo con epicentro en San José del Palmar (Chocó) deja más de una centena de fallecidos y severos daños en la infraestructura vial y urbana del Eje Cafetero y el Valle del Cauca.
El Servicio Geológico Colombiano aclaró que las emisiones del volcán Puracé corresponden a un proceso independiente.
En lo que representa la primera gran emergencia nacional para el recién posicionado Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella decretó este lunes el Estado de Desastre Nacional tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente y centro del país.
El movimiento telúrico, registrado a las 07:34 a. m. (hora local) con una profundidad de 96 kilómetros y epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, se sintió con fuerza en gran parte del territorio nacional y en países vecinos como Panamá y Ecuador.
De acuerdo con el reporte unificado emitido por la Presidencia de la República y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las cifras consolidadas hasta el mediodía de este lunes confirman:
Víctimas mortales: Al menos 111 personas fallecidas a nivel nacional.
Las zonas más impactadas corresponden al departamento de Risaralda (con 40 fallecidos reportados en el área metropolitana de Pereira) y el Valle del Cauca (27 víctimas mortales).
Heridos: 87 personas registradas en atención de urgencias centrales, mientras las redes hospitalarias de Cali y Manizales continúan recibiendo lesionados.
Infraestructura: Se contabilizan 61 edificios colapsados, 37 viviendas destruidas, 1.575 viviendas averiadas, así como afectaciones estructurales en 18 centros de salud y 52 instituciones educativas.
Movilidad y transporte: Al menos 18 vías principales registraron derrumbes y cierres parciales. Además, siete terminales aéreos,incluidos los aeropuertos de Pereira, Cali, Manizales y Quibdó suspendieron operaciones comerciales de manera preventiva para evaluar daños en pistas y torres de control.
En su primera alocución oficial frente a la crisis, el mandatario nacional enfatizó que la prioridad absoluta de las Fuerzas Militares y los organismos de socorro es el rescate de sobrevivientes bajo las estructuras colapsadas.
Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros.
Esa es la prioridad absoluta de esta hora», sostuvo el presidente De la Espriella antes de desplazarse a Quibdó para coordinar personalmente la atención en Chocó.
Miembros del gabinete ministerial se desplazaron simultáneamente hacia el Valle del Cauca y el Eje Cafetero para instalar Puestos de Mando Unificado (PMU) descentralizados.
«Aclaración oficial sobre el volcán Puracé»
Volcán de Puracé
Ante la alarma generada por la coincidencia temporal entre el sismo y la emisión de gases y ceniza en el volcán Puracé (Cauca), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín técnico aclarando que no existe una relación de causalidad directa entre ambos eventos.
El volcán Puracé se mantenía previamente en nivel de alerta Naranja debido a procesos magmáticos internos que venían gestándose con anterioridad.
Las autoridades señalaron que, si bien la sacudida sísmica perturbó superficialmente los gases del conducto, no se ha producido una erupción explosiva mayor y el sistema volcánico continúa bajo monitoreo permanente.
Fuentes: SGC, USGS, UNGRD, AFP, EFE, EL PAIS, LA SILLA VACÍA Y CHEQUEADO.
El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal concedió medidas sustitutivas de arresto domiciliario a favor de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, expresidente y extesorero de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán.
La decisión pone fin a más de 15 meses de prisión preventiva dictada en el marco de las investigaciones derivadas de las manifestaciones y paros nacionales de finales de 2023.
La resolución judicial beneficia a ambos líderes indígenas bajo las siguientes condiciones:
Arresto domiciliario dentro del territorio nacional.
Caución económica de Q160,000 quetzales cada uno para concretar su libertad.
Prohibición de salir del país (arraigo nacional).
Firma mensual del libro de asistencia en el juzgado.
Inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos.
Sin oposición del Ministerio Público y apartamiento de querellante.
Durante el desarrollo de la audiencia, la representación del Ministerio Público (MP) no presentó objeción a la solicitud formulada por la defensa técnica.
Asimismo, la judicatura resolvió dejar fuera del proceso a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que actuaba como querellante adhesivo, debido a su incomparecencia a la diligencia.
Pacheco y Chaclán fueron aprehendidos en abril de 2025 bajo cargos iniciales de terrorismo y obstaculización a la acción penal, vinculados a su liderazgo en las movilizaciones pacíficas de octubre y noviembre de 2023 en defensa de la institucionalidad democrática.
Posteriormente, a solicitud de la fiscalía, la Sala Cuarta de Apelaciones sumó el delito de asociación ilícita.
Durante su reclusión en el centro carcelario ubicado en la brigada militar Mariscal Zavala, la defensa denunció constantes retrasos procesales por suspensiones de audiencias y periodos bajo reserva de las actuaciones.
Con el cambio en la medida de coerción, ambos líderes enfrentarán el resto del proceso en libertad provisional.
El Juzgado Tercero fijó la audiencia de etapa intermedia para el próximo 22 de septiembre de 2026, fecha en la que se determinará si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio oral y público.
Un operativo judicial de lanzamiento en el municipio de Santa María Nebaj, Quiché, derivó en disturbios y protestas sociales luego de que agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojaran de su vivienda a Juana Santiago, de 72 años.
El despliegue policial y el trato dado a la mujer adulta mayor generaron el rechazo inmediato de vecinos y miembros de la comunidad.
De acuerdo con el reporte oficial, la orden fue emitida por la juzgadora Ada Madaí López Morales, del Juzgado Quinto de Primera Instancia.
El origen del procedimiento legal corresponde a un litigio sobre la propiedad del inmueble promovido por un descendiente directo de la afectada (indicado por fuentes locales como su hijo o un familiar cercano), quien reclama la titularidad de los terrenos.
Representantes legales y familiares de la señora Juana argumentaron que existía una recusación en curso contra la jueza para separarla del caso y señalaron una supuesta confusión o incorrección en los límites y linderos señalados en la orden de lanzamiento.
La comunidad reaccionó con indignación calificando la medida como desproporcionada.
El Organismo Judicial (OJ) emitió un pronunciamiento en el que respaldó las actuaciones de la jueza, afirmando que las resoluciones se emitieron con apego a las normas vigentes y a los títulos de propiedad presentados en el proceso sumario de lanzamiento.
La entidad condenó categóricamente los actos de intimidación y violencia posteriores contra la funcionaria.
Tras ejecutarse el operativo, un grupo de pobladores se movilizó hacia la residencia privada de la jueza Adamaday López Morales.
A pesar de que la juzgadora había sido evacuada por medidas de seguridad, los manifestantes ingresaron al inmueble y le prendieron fuego, provocando severos daños materiales.
El ministro Marco Antonio Villeda reprochó la quema de la vivienda y la toma de justicia por mano propia.
Indicó que la fuerza pública tiene la obligación constitucional de auxiliar a las órdenes de los jueces.
Sin embargo, reconoció la sensibilidad del caso y anunció que se revisará si se respetaron las garantías de las personas vulnerables.
A través de la Inspectoría General, la PNC informó la apertura de una investigación interna para determinar si el contingente actuó conforme a los protocolos institucionales de uso de la fuerza y protección a adultos mayores, deduciendo responsabilidades en caso de negligencias.
El Ministerio Público (MP) Anunció el inicio de dos líneas de investigación: una relacionada con los probables delitos de incendio de la vivienda privada y amenazas contra la jueza, y otra para fiscalizar el procedimiento de desalojo.
La señora Juana Santiago fue puesta al cuidado de familiares y vecinos en un refugio temporal para recibir asistencia médica y resguardo tras los incidentes.
