Por: fenixnoticias.com

SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ.

Un operativo judicial de lanzamiento en el municipio de Santa María Nebaj, Quiché, derivó en disturbios y protestas sociales luego de que agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojaran de su vivienda a Juana Santiago, de 72 años.

El despliegue policial y el trato dado a la mujer adulta mayor generaron el rechazo inmediato de vecinos y miembros de la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial, la orden fue emitida por la juzgadora Ada Madaí López Morales, del Juzgado Quinto de Primera Instancia.

El origen del procedimiento legal corresponde a un litigio sobre la propiedad del inmueble promovido por un descendiente directo de la afectada (indicado por fuentes locales como su hijo o un familiar cercano), quien reclama la titularidad de los terrenos.

Representantes legales y familiares de la señora Juana argumentaron que existía una recusación en curso contra la jueza para separarla del caso y señalaron una supuesta confusión o incorrección en los límites y linderos señalados en la orden de lanzamiento.

La comunidad reaccionó con indignación calificando la medida como desproporcionada.

El Organismo Judicial (OJ) emitió un pronunciamiento en el que respaldó las actuaciones de la jueza, afirmando que las resoluciones se emitieron con apego a las normas vigentes y a los títulos de propiedad presentados en el proceso sumario de lanzamiento.

La entidad condenó categóricamente los actos de intimidación y violencia posteriores contra la funcionaria.

Tras ejecutarse el operativo, un grupo de pobladores se movilizó hacia la residencia privada de la jueza Adamaday López Morales.

A pesar de que la juzgadora había sido evacuada por medidas de seguridad, los manifestantes ingresaron al inmueble y le prendieron fuego, provocando severos daños materiales.

El ministro Marco Antonio Villeda reprochó la quema de la vivienda y la toma de justicia por mano propia.

Indicó que la fuerza pública tiene la obligación constitucional de auxiliar a las órdenes de los jueces.

Sin embargo, reconoció la sensibilidad del caso y anunció que se revisará si se respetaron las garantías de las personas vulnerables.

A través de la Inspectoría General, la PNC informó la apertura de una investigación interna para determinar si el contingente actuó conforme a los protocolos institucionales de uso de la fuerza y protección a adultos mayores, deduciendo responsabilidades en caso de negligencias.

El Ministerio Público (MP) Anunció el inicio de dos líneas de investigación: una relacionada con los probables delitos de incendio de la vivienda privada y amenazas contra la jueza, y otra para fiscalizar el procedimiento de desalojo.

La señora Juana Santiago fue puesta al cuidado de familiares y vecinos en un refugio temporal para recibir asistencia médica y resguardo tras los incidentes.