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📸 Prensa comunitaria

Por: fenixnoticias.com

El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal concedió medidas sustitutivas de arresto domiciliario a favor de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, expresidente y extesorero de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán.

La decisión pone fin a más de 15 meses de prisión preventiva dictada en el marco de las investigaciones derivadas de las manifestaciones y paros nacionales de finales de 2023.

La resolución judicial beneficia a ambos líderes indígenas bajo las siguientes condiciones:

Arresto domiciliario dentro del territorio nacional.

Caución económica de Q160,000 quetzales cada uno para concretar su libertad.

Prohibición de salir del país (arraigo nacional).

Firma mensual del libro de asistencia en el juzgado.

Inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos.

Sin oposición del Ministerio Público y apartamiento de querellante.

Durante el desarrollo de la audiencia, la representación del Ministerio Público (MP) no presentó objeción a la solicitud formulada por la defensa técnica.

Asimismo, la judicatura resolvió dejar fuera del proceso a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que actuaba como querellante adhesivo, debido a su incomparecencia a la diligencia.

Pacheco y Chaclán fueron aprehendidos en abril de 2025 bajo cargos iniciales de terrorismo y obstaculización a la acción penal, vinculados a su liderazgo en las movilizaciones pacíficas de octubre y noviembre de 2023 en defensa de la institucionalidad democrática.

Posteriormente, a solicitud de la fiscalía, la Sala Cuarta de Apelaciones sumó el delito de asociación ilícita.

Durante su reclusión en el centro carcelario ubicado en la brigada militar Mariscal Zavala, la defensa denunció constantes retrasos procesales por suspensiones de audiencias y periodos bajo reserva de las actuaciones.

Con el cambio en la medida de coerción, ambos líderes enfrentarán el resto del proceso en libertad provisional.

El Juzgado Tercero fijó la audiencia de etapa intermedia para el próximo 22 de septiembre de 2026, fecha en la que se determinará si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio oral y público.

Fuentes: DCA, OJ, PC.

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