Campesinos que poseen legítimamente 60 manzanas de tierra desde hace dos décadas señalan a un bufete de abogados de utilizar métodos de intimidación, coacción y presuntos nexos con el crimen organizado para despojarlos de su territorio y explorarlo para intereses personales.

JALAPA, GUATEMALA.

Un total de 241 comuneros originarios de Santa María Xalapán, articulados bajo la reivindicación histórica de los terrenos del área del Copalar (cantón Sashico), han emitido una denuncia pública urgente ante el incremento de agresiones, amenazas de muerte y actos de violencia armada que buscan desplazarlos forzosamente de las tierras que cultivan para el sustento de sus familias.

Los comunitarios señalan directamente al licenciado Asdrual Cotto Beliz, del bufete Cotto y Asociados, como el presunto coordinador operativo de una estructura de intimidación que utiliza tanto la coacción económica como la violencia física para favorecer un millonario negocio inmobiliario.

De acuerdo con los testimonios recabados, la ofensiva contra los comuneros comenzó a intensificarse entre el 17 y el 25 de octubre de 2025.

Durante ese periodo, el abogado Cotto Beliz realizó llamadas telefónicas desde el número 47435552 ofreciendo sumas que oscilaban entre los Q150,000 y Q300,000  para que desalojaran pacíficamente el lugar.

En dichas comunicaciones, el abogado advirtió de forma explícita que, de no aceptar el dinero, las tierras serían tomadas «a las malas» por supuestas estructuras del narcotráfico del departamento de Zacapa con el fin de edificar un centro comercial.

QUIEN SE DISE SER DUEÑO Y ESTA EXPLOTANDO LAS TIERRAS NO TIENE DOCUMENTOS DE LA TIERRA Y POSÉ UNA ACTA ANULADA.

Para viabilizar la transacción, se denunció el montaje de papelería fraudulenta a nombre del señor Rosbin Alexander Ordoñez Nájera, a quien pretenden registrar de forma anómala como propietario del territorio.

Devido a estos echos se coordinó una reunión de mediación ante el Gobierno Ancestral Indígena de Santa María Xalapán, las proposiciones económicas fueron rechazadas tajantemente.

Posteriormente, el 15 de junio de 2025, la Asamblea General del pueblo indígena ratificó de forma unánime un «NO» rotundo a ceder o negociar el territorio, respaldando la posesión comunal a favor de las familias trabajadoras.

Al fracasar los intentos de soborno, la presión escaló a tácticas de terrorismo psicológico y material sobre el terreno:

Miércoles 15 de abril de 2026: Se documentó la presencia de camionetas y pickups de lujo con personas fuertemente armadas rondando los alrededores de las parcelas de El Copalar.

Jueves 16 de abril de 2026: Un comando armado con fusiles de grueso calibre ingresó de forma violenta a los terrenos, rompió los candados perimetrales, colocó nuevos sistemas de seguridad y efectuó disparos al aire para amedrentar a los campesinos que se aproximaban a realizar sus labores agrícolas.

Viernes 17 de abril de 2026: Los comuneros regresaron a sus tierras acompañados por las unidades 077 y 079 de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante la presencia policial, los invasores se dieron a la fuga, dejando al descubierto la edificación exprés de una vivienda provisional de lámina, diseñada para consolidar la expropiación ilegal de los terrenos.

Sábado 18 de abril de 2026: Durante la noche, sujetos a bordo de un pickup rojo desmontaron y robaron los portones de ingreso fabricados con tubo galvanizado, los cuales habían sido financiados con el esfuerzo económico de la comunidad.

DOCUMENTOS QUE AMPARAN LOS COMUNITARIOS ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES.

El sustento legal y la legitimidad histórica de los comunitarios cuenta con un doble respaldo: documental e institucional.

Por un lado, la Junta Directiva Comunal del Gobierno Indígena de Santa María Xalapán constató la alteración y manipulación del Libro Sagrado de Actas. Se evidenció que los denunciados sobrepusieron un acta falsa sobre un espacio que previamente se encontraba anulado, con el único fin de simular que el señor Rosbin Alexander Ordoñez Nájera era comunero y poseedor de dichas tierras. El secretario de la Junta de Gobierno del año 2,015 confirmó públicamente en una asamblea general la falsificación de las firmas y manifestó su total disposición a declarar y testificar ante los tribunales competentes de la República.Por el otro, los registros históricos de propiedad confirman el estatus legal y la naturaleza jurídica de estas tierras.

El historial certificado por el *Registro General de la Propiedad (RGP) de la Zona Central de Guatemala*(bajo la solicitud y expediente número 26C139081616, tramitado en mayo/junio de 2026) detalla de manera inequívoca los antecedentes de la propiedad.

El documento registral oficial —que consta de un historial completo de 33 páginas foliadas— certifica la situación de la Finca número 1, Folio 1, del Libro 125 de Jalapa-Jutiapa.

Los folios conservados del siglo pasado determinan de puño y letra la naturaleza de estos «Derechos Reales» sobre terrenos históricamente reconocidos de naturaleza Rústica, situados dentro de la jurisdicción municipal de Jalapa, abarcando extensiones territoriales de la montaña que corresponden al patrimonio ancestral delimitado en sus Títulos Reales de la época colonial.

Respaldo constitucional

Frente al hostigamiento y los intentos de judicialización selectiva, el Gobierno Ancestral y los 241 comuneros aclararon que no darán un paso atrás en la defensa de sus parcelas, recordando que sus derechos están plenamente blindados por la Carta Magna del país.

La comunidad exige la intervención inmediata del Ministerio Público (MP) y del Ministerio de Gobernación para desarticular al grupo armado que opera en la región y deducir las responsabilidades penales correspondientes por falsedad material, amenazas y portación ilegal de armas de fuego, amparándose en el estricto cumplimiento del ordenamiento constitucional: Artículo 67 Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas.

Las tierras de comunidades indígenas, cooperativas o cualquier forma de tenencia comunal o colectiva gozarán de protección especial del Estado, de la asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su propiedad y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.

Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma comunal, mantendrán ese sistema.

Fuente: fenixnoticias.com