Lo que inició como una expectativa de desarrollo por la construcción del proyecto del Periférico en el departamento de Jalapa, se ha transformado en una pesadilla de violencia, intimidación y denuncias de una red de corrupción dedicada al despojo de tierras.

Según las denuncias: la valorización de las tierras aledañas al nuevo proyecto vial ha atraído a inversores externos con gran poder económico.

Líderes comunitarios señalan directamente a un abogado local como el artífice de una estructura que busca «legalizar» lo ilegal.

El esquema denunciado consiste en la búsqueda de testaferros para inscribir fraudulentamente porciones de territorio que por escrituras historicas y tradición, pertenecen al patrimonio comunal de Xalapán.

Estos terrenos, protegidos por títulos coloniales que datan de siglos atrás, están siendo fraccionados y vendidos para proyectos privados sin el consentimiento de la asamblea comunitaria.

La preocupación ha pasado de los tribunales a las calles.

Los comuneros reportan el ingreso de camionetas con personas que portan armamento de grueso calibre.

Estos grupos actúan como fuerzas de choque para desalojar a las familias que han trabajado esas tierras por más de 15 años

«Estan de forma violenta, amedrentando e intimidando defensores del territorio.

No son simples guardias de seguridad; son grupos que parecen estar acostumbrados a operar en contra de la ley» aclaro un integrante de la comunidad que prefirió el anónimato tras la intimidación.

Este conflicto no es un hecho aislado.

Organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la (COPRECON) han documentado que el departamento de Jalapa es uno de los puntos críticos de conflictividad agraria en Guatemala.

Informes del CUC:

Históricamente, el CUC ha denunciado que la falta de certeza jurídica sobre la propiedad comunal facilita que actores externos aprovechen vacíos legales.

Según sus registros, el despojo en Xalapán suele estar vinculado a la expansión de monocultivos o proyectos de infraestructura que no realizan la consulta previa, libre e informada.

Postura de COPRECON: Esta organización ha advertido que el «Estado de Derecho» parece detenerse en las fronteras de las comunidades indígenas.

Denuncian una «negligencia selectiva» por parte de las autoridades departamentales, quienes permiten la libre circulación de grupos armados mientras criminalizan a los líderes que defienden su territorio.

A pesar de que ya se han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), la respuesta ha sido nula o insuficiente.

La comunidad indígena exige:

1. Protección Inmediata: Desarme de los grupos paramilitares que operan en la zona.
2. nvestigación de la Red de Corrupción: Auditoría sobre los registros de propiedad y las actas notariales promovidas por el abogado señalado.
3. Respeto a la Autonomía: El reconocimiento de que el proyecto del Periférico debe coordinarse con el Gobierno Ancestral y no servir como excusa para el desplazamiento forzoso.

El riesgo es inminente. De no intervenir las autoridades nacionales, Santa María Xalapán podría enfrentar un estallido social de consecuencias impredecibles, en una región que ya ha derramado sangre en defensa de su herencia ancestral.

fuente: FENIX noticias.