La segunda vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), celebrada este 12 de febrero para elegir magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, se desarrolló en medio de allanamientos ejecutados por el Ministerio Público (MP).

La magistratura titular es disputada por Astrid Lemus, del movimiento Unidad x la Democracia, y Estuardo Gálvez, de Plataforma de Profesionales por la Justicia en alianza con Avanza.

MP efectúa diligencias durante la jornada
Alrededor de la 1 de la tarde, personal del MP, dirigido por la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, ingresó a los centros de votación acompañado de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Algunos elementos portaban el rostro cubierto y armas, mientras se ejecutaban diligencias autorizadas judicialmente.

Durante el procedimiento, se solicitó a los medios de comunicación retirarse del recinto.

La fiscal indicó que el caso se encuentra bajo reserva, por lo que no brindó mayores detalles.

La orden fue emitida por el juez Sergio René Mena Samayoa, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, quien autorizó allanamiento, inspección y registro en los inmuebles donde se desarrollan las elecciones de segundo grado, incluyendo la sede de la Corte de Constitucionalidad en la ciudad capital.

¿Qué autorizó el juez?

Según el documento judicial, el MP quedó facultado para:
Revisar el padrón electoral físico y original para verificar que personas no autorizadas no emitan voto, en cumplimiento de un amparo vigente.

Acceder al kárdex de abogados y notarios colegiados activos y obtener copia digital de la documentación.

Permanecer en el centro de monitoreo de cámaras para observar en tiempo real el proceso electoral y sus alrededores.

Registrar dispositivos móviles de personas que tomen fotografías de sus boletas.

La autorización establece que la presencia del MP está permitida únicamente el 12 de febrero, en horario de 8:00 a 18:00 horas.

«Denuncias bajo reserva»

Tras instalarse en los recintos, la fiscal Morales explicó que la intervención responde a denuncias sobre presuntos hechos ilícitos dentro de la votación, aunque no detalló cuántas denuncias fueron presentadas ni la naturaleza de los señalamientos.

Aseguró que no se secuestrarán boletas electorales y reiteró que la prensa no debe ingresar a los centros de votación mientras se desarrollan las diligencias.

La intervención del Ministerio Público generó expectativa y preocupación entre los agremiados, debido a la relevancia de la magistratura que se definirá para la Corte de Constitucionalidad, órgano clave en el sistema democrático guatemalteco.

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