Este medio de comunicación esta legalizado en base al artículo 35 de la Constitución política de la república de Guatemala y el artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos.
Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), encabezados por el legislador José Chic, interpusieron una querella penal en contra del presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Gerardo Aguirre.
La acción legal se deriva de una serie de inconsistencias señaladas durante fiscalizaciones públicas a la institución deportiva y un altercado ocurrido en la sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (CONADER).
La denuncia abarca hasta siete posibles delitos vinculados al manejo de los recursos públicos destinados al deporte de alto rendimiento y al trato recibido por las autoridades fiscalizadoras.
La controversia se intensificó tras la difusión de un video en el que Aguirre retira de una sesión del CONADER al diputado Chic y a su equipo de trabajo, en el marco de la revisión de transferencias monetarias y fondos asignados para eventos deportivos internacionales.
Por su parte, la presidencia del Comité Olímpico Guatemalteco rechazó los señalamientos y presentó contraacciones legales frente al Ministerio Público contra los legisladores, argumentando que las diligencias de fiscalización incurrieron en posibles irregularidades e injerencias sobre la autonomía de la entidad.
Las acciones interpuestas por ambas partes se encuentran en desarrollo dentro del sistema de justicia para determinar la procedencia de los cargos y las responsabilidades legales correspondientes.
El Ministerio Público oficializa la destitución de la exfiscal de la FECI Leonor Morales y seis funcionarios más tras investigaciones por faltas administrativas.
por: fenixnoticias.com
En el marco de un proceso de reorganización y auditoría interna, el Ministerio Público (MP) confirmó la separación formal de sus cargos de la fiscal de sección Leonor Eugenia Morales Lazo y seis empleados institucionales entre agentes y auxiliares fiscales.
Morales Lazo se desempeñaba como titular de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, tras un polémico paso por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
De acuerdo con el informe de las verificaciones administrativas del MP, el motivo principal detrás de la sanción a Morales Lazo radicó en la vulneración de los procedimientos de delegación de mando institucionales.
La exfiscal designó en múltiples oportunidades al auxiliar fiscal José Raúl Menéndez Rivera para quedar al frente del despacho durante sus ausencias y períodos de vacaciones.
Según la normativa interna del ente investigador, esta atribución es facultad exclusiva de la máxima autoridad del MP, por lo que la delegación constituía una falta administrativa grave.
El expediente administrativo derivó en la remoción inmediata de siete integrantes de la institución:
Leonor Eugenia Morales Lazo
Fiscal de Sección, José María Galindo Rossel
Agente Fiscal, Jorge Luis Cortés Rosales
Agente Fiscal, José Raúl Menéndez Rivera
Auxiliar Fiscal II, Ervin Joel Bolvito Enríquez
Auxiliar Fiscal II, Nehemías Obed Asencio Cruz Auxiliar Fiscal I, Serwin Aram Camey Secaida
Auxiliar Fiscal I, Proceso de reestructuración interna.
Fuentes oficiales de la institución señalaron que estas medidas forman parte de un plan continuo de «transformación, depuración y reorganización» orientado a la evaluación de desempeño dentro de las fiscalías clave a nivel nacional.
Leonor Morales cobró relevancia mediática durante su gestión en la FECI al encabezar diligencias y secuestro de actas electorales en el marco de las investigaciones al proceso electoral de 2023 y al partido Movimiento Semilla.
La normativa establece una exención del 100% del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y una exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a la gasolina superior, gasolina regular y diésel.
por: fenixnoticias.com
En sesión ordinaria adicional celebrada este martes 22 de septiembre, el Pleno del Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la Iniciativa 6852 (Decreto 22-2026), mediante la cual se exonera de forma temporal el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus derivados (IDP) para los combustibles de mayor consumo en el país.
La medida legislativa busca mitigar el impacto del incremento de los precios internacionales del petróleo en la economía familiar y el transporte de carga y pasajeros.
La normativa establece una exención del 100% del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y una exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a la gasolina superior, gasolina regular y diésel.
Según estimaciones técnicas del Organismo Legislativo, la eliminación temporal de estas cargas tributarias representará un descuento directo por galón de aproximadamente:
Gasolina Superior: reducción estimada de Q9.41 por galón.
Gasolina Regular: reducción estimada de Q9.10 por galón.
Diésel: reducción estimada de Q6.34 por galón.
El decreto obliga a las empresas distribuidoras y estaciones de servicio a trasladar la totalidad del beneficio fiscal al precio final de venta al público.
La Dirección de Atención y Protección al Consumidor (DIACO) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) mantendrán operativos de verificación para evitar la especulación y garantizar que las estaciones de servicio apliquen el descuento correspondiente.
El decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación oficial en el Diario de Centro América (Diario Oficial), previo a cumplir con el proceso de sanción por parte del Organismo Ejecutivo.
La vigencia de esta exoneración temporal se mantendrá hasta el 31 de diciembre del presente año.
Baldetti acumula penas que suman 31 años de prisión, 15 años por el caso Agua Mágica (fraude por Q137.8 millones para la supuesta limpieza del Lago de Amatitlán) y 16 años por el caso La Línea.
por: fenixnoticias.com
En una nueva resolución judicial, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó una medida sustitutiva de arresto domiciliario a favor de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías dentro del proceso penal conocido como «Agua Mágica» o «Lago de Amatitlán».
La resolución de la Sala dispone arresto domiciliario dentro del departamento de Guatemala, arraigo, prohibición estricta de comunicarse con otros coimputados y la imposición de control telemático (brazalete electrónico), sin requerir el pago de una caución económica.
Baldetti acumula penas que suman 31 años de prisión, 15 años por el caso Agua Mágica (fraude por Q137.8 millones para la supuesta limpieza del Lago de Amatitlán) y 16 años por el caso La Línea.
Desde su detención en agosto de 2015, ha cumplido 10 años en prisión efectiva.
Pese a contar ya con dos medidas sustitutivas (en La Línea y Agua Mágica), la exvicepresidenta permanece en su residencia en la ruta a El Salvador debido a una autorización judicial por motivos de salud tras una cirugía de columna con reemplazo de discos intervertebrales.
Baldetti aún no recupera su libertad formal ni puede abandonar la custodia médica, ya que mantiene vigente la prisión preventiva ordenada en el caso Cooptación del Estado, el cual tiene prevista una audiencia de revisión de medidas ante el Juzgado de Mayor Riesgo B en los próximos meses.
De manera paralela, la Fiscalía de Delitos de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) dio continuidad a las audiencias del juicio donde se solicita el traspaso a favor del Estado de Guatemala de diversos bienes vinculados a la exmandataria.
Entre los activos bajo litigio se incluyen 2 inmuebles, 1 automóvil, 1 moto acuática y 11 cuentas bancarias en quetzales y dólares, presuntamente adquiridos con fondos de procedencia ilícita durante su gestión gubernamental.
Se plantea la suspensión temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) que fija Q4.70 por galón para gasolina superior, Q4.60 para regular, Q1.30 para diésel y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a los carburantes.
por: fenixnoticias.com
Ante la reciente alza en los costos internacionales de los hidrocarburos que ha llevado al diésel a superar los Q50 por galón en el mercado local, el Congreso de la República inició las discusiones para avanzar mediante aprobación de urgencia nacional la Iniciativa de Ley 6852, la cual busca la exoneración temporal de impuestos a las gasolinas y al diésel.
Se plantea la suspensión temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) que fija Q4.70 por galón para gasolina superior, Q4.60 para regular, Q1.30 para diésel y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a los carburantes.
La exención tributaria proyecta un alivio inmediato al consumidor, estimando rebajas de hasta Q9.41 por galón en el precio de expendio al público.
La medida regiría a partir de su publicación en el diario oficial hasta el 31 de diciembre del presente periodo fiscal.
El Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estiman que el beneficio social representará un sacrificio fiscal acumulado de Q3,318.4 millones para las arcas del Estado en lo que resta del año.
La propuesta surge mientras el pleno evalúa resolver las objeciones presentadas al Decreto 21-2026 y ante las distintas iniciativas en comisiones de trabajo que buscan mitigar la inflación en la canasta básica y el transporte público provocada por los insumos energéticos.
La Junta Directiva proyecta someter el proyecto a votación del pleno durante las sesiones ordinarias de esta semana para alcanzar los 107 votos requeridos para su aprobación en un solo debate.
El fenómeno proviene de una telenovela juvenil argentina llamada Floricienta.
por: fenixnoticias.com
Si este 21 de septiembre viste las calles y redes sociales repletas de girasoles, rosas y ramos amarillos, no se trata de una coincidencia.
Esta costumbre, que año tras año cobra más fuerza en internet y en el comercio local, combina la nostalgia de la televisión, el poder de las redes sociales y el cambio de estación.
Aquí te contamos la historia y el significado detrás de este popular detalle.
El motivo principal de esta tradición nace en la cultura pop. En la famosa telenovela juvenil argentina Floricienta (emitida en 2004 y reencontrada por nuevas generaciones en plataformas digitales), la protagonista soñaba desde niña con que el amor de su vida le regalara un ramo de flores amarillas como prueba de un amor verdadero, sincero y duradero.
La canción principal de la serie, titulada precisamente «Flores Amarillas», se convirtió en el himno de esta tradición.
A través de plataformas como TikTok e Instagram, miles de usuarios convirtieron ese deseo de la ficción en una tendencia real para sorprender a sus parejas y personas especiales.
La fecha no es casualidad, el 21 de septiembre marca oficialmente el inicio de la primavera en el hemisferio sur (en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, entre otros).
Con el fin del invierno, las flores amarillas representan: La llegada del sol y el calor.
El renacimiento de la naturaleza.
Un mensaje de energía positiva, luz y optimismo para la nueva época del año.
Aunque surgió con un enfoque romántico, regalar flores este día ha ampliado su significado.
Dependiendo de a quién se las entregues, el gesto representa:
En el amor: Un detalle romántico que simboliza el deseo de construir una historia duradera y cumplir el «sueño» de la infancia.
En la amistad: El color amarillo representa la alegría, la vitalidad, el reconocimiento a una amistad sincera y los buenos deseos.
Dato curioso: En varios países del hemisferio norte, donde la primavera arranca en marzo, esta misma tendencia suele replicarse cada 21 de marzo).
¿Y a ti?
¿Te regalaron flores amarillas este 21 de septiembre o fuiste tú quien sorprendió a alguien especial?
más del 68 % de los hospitales han dejado de funcionar
por: fenixnoticias.com
La falta de combustible, el bloqueo sostenido y los daños en infraestructura médica reducen la atención sanitaria a mínimos históricos, dejando a miles de pacientes sin posibilidad de evacuación.
La crisis humanitaria en la Franja de Gaza ha alcanzado un punto crítico tras la paralización de 26 de los 38 hospitales del territorio, según denunció una red de organizaciones no gubernamentales.
La combinación del continuo bloqueo, la destrucción de infraestructura clave y la escasez crítica de insumos médicos y energía amenaza con paralizar por completo los pocos servicios de salud que se mantienen en pie.
Las instalaciones sanitarias que aún logran operar lo hacen bajo condiciones extremas: registran un déficit del 50 % en medicamentos esenciales y del 58 % en insumos médicos básicos, mientras que solo 12 de las 34 plantas de producción de oxígeno del enclavo se encuentran en funcionamiento.
El Ministerio de Salud local advirtió que aproximadamente el 70 % de los generadores eléctricos auxiliares de los hospitales están fuera de servicio por averías, falta de repuestos u hostilidades.
La situación se agrava con la notificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la suspensión de los envíos de diésel a 20 centros sanitarios debido a la falta de fondos operativos.
A este escenario se suma la parálisis en la movilidad del personal de salud: casi un centenar de autobuses dedicados al traslado diario de médicos y enfermeros corren el riesgo de quedar inactivos por falta de insumos de mantenimiento y piezas de repuesto.
Mientras tanto, unos 20.000 pacientes con patologías graves o heridas complejas permanecen atrapados a la espera de ser derivados a centros sanitarios fuera de la Franja.
Para complementar las cifras reportadas por la agrupación de ONG, los siguientes indicadores de organismos internacionales como la OMS, la OCHA (Naciones Unidas) y Médicos Sin Fronteras (MSF) reflejan la magnitud del impacto en la infraestructura de salud:
Según el Sistema de Vigilancia de Ataques a la Atención Sanitaria (SSA) de la OMS, las camas hospitalarias disponibles en toda la Franja han caído a menos de un 20 % respecto a los niveles previos al conflicto.
La OMS ha verificado más de 450 ataques dirigidos o incidentes que han afectado a instalaciones sanitarias, ambulancias y personal médico en la Franja desde octubre de 2023.
Datos del Ministerio de Salud local e informes de la ONU registran más de 500 trabajadores de la salud fallecidos en el ejercicio de sus labores o en sus residencias.
La Media Luna Roja Palestina reporta que más del 60 % de sus ambulancias han quedado fuera de servicio debido a daños directos o por falta ininterrumpida de combustible.
De acuerdo con UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), más de 50.000 niños requieren tratamiento urgente por desnutrición aguda, en un contexto donde el acceso a agua potable no supera los 3 litros por persona al día (muy por debajo de los 15 litros mínimos recomendados en situaciones de emergencia).
Una coproducción colectiva de medios comunitarios de la región visibiliza el recrudecimiento de los conflictos territoriales en Argentina y Ecuador, las crisis agrícolas y de derechos humanos en Centroamérica, y la persecución contra la prensa libre.
por: fenixnoticias.com
La articulación continental Abya Yala Soberana presentó una nueva entrega de su informativo colectivo «Desde abajo y con la tierra», conducido por la comunicadora kichwa amazónica Yorleni scale, La iniciativa que reúne las voces de medios comunitarios e independientes como Lanceros Digitales (Ecuador), Radio Dignidad (Honduras), Prensa sin Censura (Puerto Rico), CODECA y Fénix Noticias (Guatemala), y MOVIR junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (El Salvador) expone un preocupante panorama regional marcado por el despojo territorial, el autoritarismo estatal y la resistencia comunitaria.
En el Puyo (Pastaza, Ecuador) las comunidades amazónicas acogieron el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA) entre el 16 y el 21 de agosto de 2026, enfocado en la defensa territorial, la justicia climática y el rol fundamental de las mujeres defensoras del agua.
Durante el encuentro, delegadas indígenas denunciaron que el conocido caso Mecheros cumple cinco años de impunidad e incumplimiento de una sentencia judicial ganada contra el Estado ecuatoriano.
Por su parte, en Catamarca (Argentina), la Comunidad Indígena de Peñas Negras volvió a denunciar agresiones e incursiones policiales violentas vinculadas a la expansión de proyectos mineros en sus tierras ancestrales.
Organizaciones indígenas señalaron que la criminalización y las órdenes de desalojo en el país se han multiplicado de forma alarmante tras la derogación de la Ley de Emergencia Territorial en diciembre de 2024, bajo la administración de Javier Milei.
La situación socioeconómica y de derechos humanos en Centroamérica mantiene en alerta a las organizaciones populares:
Guatemala: Fuertes jornadas de protesta y bloqueos de carreteras contra el aumento sostenido del costo de los combustibles fueron reprimidas por la Policía Nacional Civil, dejando detenidos y enfrentamientos.
Desde el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), sus dirigentes denunciaron que el Congreso aprobó subsidios dirigidos a las grandes empresas importadoras en lugar de apoyar a la población golpeada, señalando la complicidad entre la clase política y el sector empresarial agrupado en el CACIF.
Desaparición en Xalapán: Familiares y autoridades del pueblo Shinca de Santa María Xalapán (Jalapa) exigen una investigación urgente sobre la desaparición de Sarbelio Pérez Jerónimo, visto por última vez el 17 de agosto de 2026 tras reportar que se encontraba herido de bala en el sector en conflicto territorial de El Copalar.
El Salvador: Movimientos sociales como el *Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y el MOVIR* convocaron a movilizaciones masivas este 15 de septiembre para denunciar los abusos bajo el régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele, que acumula más de 90,000 detenciones arbitrarias, torturas y fallecimientos bajo custodia estatal.
A esto se suma una severa crisis agropecuaria provocada por la sequía prolongada y el encarecimiento del 125% en los insumos agrícolas, panorama que amenaza con desatar una hambruna sobre más de 3 millones de personas.
En el marco del Día Internacional del Periodista, el informe alertó sobre el nivel extremo de riesgo que enfrentan quienes ejercen la comunicación comunitaria e independiente.
En Ecuador, el periodista Emilio Domínguez denunció haber recibido amenazas de muerte tras solidarizarse con la comunicadora Gisela Bayona, quien abandonó el oficio tras una sistemática campaña de desprestigio.
Cifras de *FundaMedios* revelan 231 agresiones contra periodistas en 2025 (incluidos seis asesinatos) y 100 ataques en el primer semestre de 2026, donde el Estado figura como el principal agresor.
En Puerto Rico, la comunidad de pescadores de Punta Santiago (Humacao), liderada por Eddie López, alzó la voz para exigir que el proyecto estatal de \$19.8 millones de dólares destinado a reemplazar el muelle destruido por el huracán María incorpore una rampa para embarcaciones.
Sin esta infraestructura básica, más de una treintena de familias trabajadoras se ven obligadas a trasladarse a otros municipios para realizar sus faenas de pesca.
Finalmente, el informativo destacó la creación de la Red Latinoamericana por Palestina, impulsada por el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
Organizaciones sindicales del continente, entre ellas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se han sumado a la campaña para promover la ruptura de acuerdos comerciales e institucionales con corporaciones señaladas de financiar o beneficiarse de la ocupación en territorio palestino.
por: fenixnoticias.com
La articulación continental Abya Yala Soberana presentó una nueva entrega de su informativo colectivo «Desde abajo y con la tierra», conducido por la comunicadora kichwa amazónica Yorleni scale, La iniciativa que reúne las voces de medios comunitarios e independientes como Lanceros Digitales (Ecuador), Radio Dignidad (Honduras), Prensa sin Censura (Puerto Rico), CODECA y Fénix Noticias (Guatemala), y MOVIR junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (El Salvador) expone un preocupante panorama regional marcado por el despojo territorial, el autoritarismo estatal y la resistencia comunitaria.
En el Puyo (Pastaza, Ecuador) las comunidades amazónicas acogieron el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA) entre el 16 y el 21 de agosto de 2026, enfocado en la defensa territorial, la justicia climática y el rol fundamental de las mujeres defensoras del agua.
Durante el encuentro, delegadas indígenas denunciaron que el conocido caso Mecheros cumple cinco años de impunidad e incumplimiento de una sentencia judicial ganada contra el Estado ecuatoriano.
Por su parte, en Catamarca (Argentina), la Comunidad Indígena de Peñas Negras volvió a denunciar agresiones e incursiones policiales violentas vinculadas a la expansión de proyectos mineros en sus tierras ancestrales.
Organizaciones indígenas señalaron que la criminalización y las órdenes de desalojo en el país se han multiplicado de forma alarmante tras la derogación de la Ley de Emergencia Territorial en diciembre de 2024, bajo la administración de Javier Milei.
La situación socioeconómica y de derechos humanos en Centroamérica mantiene en alerta a las organizaciones populares:
Guatemala: Fuertes jornadas de protesta y bloqueos de carreteras contra el aumento sostenido del costo de los combustibles fueron reprimidas por la Policía Nacional Civil, dejando detenidos y enfrentamientos.
Desde el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), sus dirigentes denunciaron que el Congreso aprobó subsidios dirigidos a las grandes empresas importadoras en lugar de apoyar a la población golpeada, señalando la complicidad entre la clase política y el sector empresarial agrupado en el CACIF.
Desaparición en Xalapán: Familiares y autoridades del pueblo Shinca de Santa María Xalapán (Jalapa) exigen una investigación urgente sobre la desaparición de Sarbelio Pérez Jerónimo, visto por última vez el 17 de agosto de 2026 tras reportar que se encontraba herido de bala en el sector en conflicto territorial de El Copalar.
El Salvador: Movimientos sociales como el *Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y el MOVIR* convocaron a movilizaciones masivas este 15 de septiembre para denunciar los abusos bajo el régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele, que acumula más de 90,000 detenciones arbitrarias, torturas y fallecimientos bajo custodia estatal.
A esto se suma una severa crisis agropecuaria provocada por la sequía prolongada y el encarecimiento del 125% en los insumos agrícolas, panorama que amenaza con desatar una hambruna sobre más de 3 millones de personas.
En el marco del Día Internacional del Periodista, el informe alertó sobre el nivel extremo de riesgo que enfrentan quienes ejercen la comunicación comunitaria e independiente.
En Ecuador, el periodista Emilio Domínguez denunció haber recibido amenazas de muerte tras solidarizarse con la comunicadora Gisela Bayona, quien abandonó el oficio tras una sistemática campaña de desprestigio.
Cifras de *FundaMedios* revelan 231 agresiones contra periodistas en 2025 (incluidos seis asesinatos) y 100 ataques en el primer semestre de 2026, donde el Estado figura como el principal agresor.
En Puerto Rico, la comunidad de pescadores de Punta Santiago (Humacao), liderada por Eddie López, alzó la voz para exigir que el proyecto estatal de \$19.8 millones de dólares destinado a reemplazar el muelle destruido por el huracán María incorpore una rampa para embarcaciones.
Sin esta infraestructura básica, más de una treintena de familias trabajadoras se ven obligadas a trasladarse a otros municipios para realizar sus faenas de pesca.
Finalmente, el informativo destacó la creación de la Red Latinoamericana por Palestina, impulsada por el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
Organizaciones sindicales del continente, entre ellas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se han sumado a la campaña para promover la ruptura de acuerdos comerciales e institucionales con corporaciones señaladas de financiar o beneficiarse de la ocupación en territorio palestino.
Manifestantes queman llantas a un costado de una gasolinera en Villa Hermosa San Miguel Petapa
Por fenixnoticias.com
La tensión social y política en el país alcanzó un punto crítico tras la escalada de manifestaciones en rechazo al constante incremento en el precio de los combustibles y el costo de la canasta básica.
Lo que comenzó como jornadas de manifestación ciudadana derivó en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
En puntos estratégicos de la red vial nacional y accesos urbanos, grupos de inconformes procedieron al encendido de llantas y la colocación de barricadas para obstruir el tránsito.
En respuesta, unidades de Fuerzas Especiales (antimotines) de la Policía Nacional Civil (PNC) recurrieron al uso de bombas de gas lacrimógeno para dispersar las aglomeraciones y disolver las medidas de hecho.
En el ámbito legal, la máxima instancia en materia constitucional dio un giro determinante a la coyuntura: La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó una resolución que fija un ultimátum de seis horas para la liberación total de los tramos carreteros, calles y accesos bloqueados.
El fallo dictamina de forma explícita la amenaza de destitución inmediata del Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y del Director General de la PNC, David Custodio Boteo, en caso de incumplir con el mandato.
La CC avaló el despliegue de la fuerza pública y el acompañamiento del Ejército para garantizar la libre locomoción a nivel nacional.
La gasolina regular alcanzó los Q41.09 por galón en el área metropolitana, mientras que el diésel superó los Q46.00.
El Organismo Ejecutivo descartó el desabastecimiento de combustible y anunció la acción conjunta de 23 comandos operativos militares en apoyo a la PNC.
Evaluaciones de Provial contabilizaron bloqueos simultáneos en al menos 14 puntos de la red vial nacional, afectando las rutas de mayor impacto comercial.
La resolución judicial prioriza el derecho Constitucional a la libre circulación, el acceso a la salud y el abastecimiento de insumos básicos.
«Entendemos que hay un descontento por el aumento de los combustibles, pero bloquear carreteras y afectar los servicios esenciales deriva en procesos penales.
Privilegiamos el diálogo, pero mantendremos el orden público.»
(Declaración oficial de las autoridades de Gobernación)
Hasta el momento, las autoridades mantienen operativos conjuntos en diferentes rutas del país para intentar restablecer la fluidez del tránsito comercial y particular, mientras la ciudadanía permanece atenta a las medidas económicas que el Gobierno de Guatemala aplique para mitigar la inflación en el costo de la vida.
Juez declara sobreseimiento al caso de las autoridades indígenas de 48 Cantones de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá.
Por fenixnoticias.com
El Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Mynor Moto, dictó este 11 de septiembre de 2026 el sobreseimiento definitivo del proceso penal en contra de los exlíderes ancestrales Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Esteban Toc y Basilio Puac. Con esta resolución judicial, el caso queda oficialmente cerrado y se deja sin efecto cualquier medida cautelar o restricción impuesta contra los dirigentes indígenas.
La decisión judicial ocurre luego de que el propio Ministerio Público (MP) solicitara el sobreseimiento del caso, tras concluir la fase de investigación y determinar que no existían elementos de prueba suficientes para sostener la acusación o llevar a los exdirigentes a juicio.
La medida favorece a Luis Pacheco (expresidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán), Héctor Chaclán (extesorero), Basilio Puac (exvicepresidente) y Esteban Toc (exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá).
El fallo revoca el arresto domiciliario y las prohibiciones de ejercer cargos públicos o someterse a medidas sustitutivas, ordenando asimismo la devolución de las cauciones económicas impuestas durante el proceso.
El proceso judicial derivó de las jornadas de movilización ciudadana y paros nacionales registrados en octubre de 2023, encabezadas por las autoridades ancestrales en defensa de la democracia y del orden constitucional.
Los delitos imputados originalmente fueron Terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstaculización a la justicia y a la acción penal.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán permanecieron más de un año en prisión preventiva tras su aprehensión en abril de 2025. |
Aunque la defensa aceptó la petición de cierre del caso, argumentó que fue una medida tardía.
Calificaron el proceso como un acto de criminalización de la protesta social y del liderazgo indígena ancestral.
Diversas organizaciones de derechos humanos y representantes de comunidades indígenas expresaron que la resolución representa el fin de un ciclo de persecución penal contra las autoridades tradicionales que lideraron la resistencia pacífica en 2023.
