Por fenixnoticias.com

La tensión social y política en el país alcanzó un punto crítico tras la escalada de manifestaciones en rechazo al constante incremento en el precio de los combustibles y el costo de la canasta básica.

Lo que comenzó como jornadas de manifestación ciudadana derivó en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

En puntos estratégicos de la red vial nacional y accesos urbanos, grupos de inconformes procedieron al encendido de llantas y la colocación de barricadas para obstruir el tránsito.

En respuesta, unidades de Fuerzas Especiales (antimotines) de la Policía Nacional Civil (PNC) recurrieron al uso de bombas de gas lacrimógeno para dispersar las aglomeraciones y disolver las medidas de hecho.

En el ámbito legal, la máxima instancia en materia constitucional dio un giro determinante a la coyuntura: La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó una resolución que fija un ultimátum de seis horas para la liberación total de los tramos carreteros, calles y accesos bloqueados.

El fallo dictamina de forma explícita la amenaza de destitución inmediata del Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y del Director General de la PNC, David Custodio Boteo, en caso de incumplir con el mandato.

La CC avaló el despliegue de la fuerza pública y el acompañamiento del Ejército para garantizar la libre locomoción a nivel nacional.

La gasolina regular alcanzó los Q41.09 por galón en el área metropolitana, mientras que el diésel superó los Q46.00.


El Organismo Ejecutivo descartó el desabastecimiento de combustible y anunció la acción conjunta de 23 comandos operativos militares en apoyo a la PNC.

Evaluaciones de Provial contabilizaron bloqueos simultáneos en al menos 14 puntos de la red vial nacional, afectando las rutas de mayor impacto comercial.

La resolución judicial prioriza el derecho Constitucional a la libre circulación, el acceso a la salud y el abastecimiento de insumos básicos.

«Entendemos que hay un descontento por el aumento de los combustibles, pero bloquear carreteras y afectar los servicios esenciales deriva en procesos penales.

Privilegiamos el diálogo, pero mantendremos el orden público.»

(Declaración oficial de las autoridades de Gobernación)

Hasta el momento, las autoridades mantienen operativos conjuntos en diferentes rutas del país para intentar restablecer la fluidez del tránsito comercial y particular, mientras la ciudadanía permanece atenta a las medidas económicas que el Gobierno de Guatemala aplique para mitigar la inflación en el costo de la vida.