por: fenixnoticias.com

La Comunidad Indígena de Santa María Xalapán se prepara para renovar sus autoridades locales el próximo 29 de noviembre en el Minicomplejo, sede habitual de las asambleas generales.

La nueva Junta Directiva asumirá funciones el 1 de enero de 2027, junto a las autoridades de orden menor, para el período 2027-2028. Sin embargo, el proceso electoral se desarrolla en un clima de alta tensión marcado por reclamos territoriales, exigencias de fiscalización y un marcado malestar popular por cobros obligatorios.

Exigen restitución de la Cédula Real y rechazan la «escritura cuta»

Uno de los principales puntos de controversia expresados por comentaristas y líderes comunitarios es la entrega del título de propiedad ancestral.

Integrantes de la comunidad exigen que la Junta Directiva entrante no tome posesión del cargo si no se le hace entrega de la Cédula Real, documento histórico donde constan las delimitaciones y datos registrales de los terrenos de la Montaña de Santa María Xalapán.

Según denuncian los pobladores, la administración saliente ha estado operando con una escritura parcial denominada localmente como «escritura cuta» emitida durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García.

En este documento, los mojones y líneas territoriales aparecen retraídos varias caballerías por detrás de la demarcación original estipulada en la Cédula Real, situación que ha alimentado un conflicto territorial sostenido en la región.

«Propuestas de fiscalización y rendición de cuentas»

Ante la percibida opacidad en el manejo de los fondos comunitarios, diversos sectores demandan que la directiva 2027-2028 apruebe la creación de una Asociación de Fiscales.

La propuesta contempla la elección, mediante voto popular, de un representante por cada cantón para conformar este órgano independiente de auditoría.

La iniciativa busca evitar la anulación o sobreposición arbitraria de actas comunitarias y garantizar la transparencia financiera dentro de la organización indígena.

«Polémica por cuota obligatoria de Q250 para obras

parroquiales»

El descontento de la población se ha intensificado a raíz de la aprobación de un acta que impone una cuota obligatoria de 250 quetzales a todos los ciudadanos mayores de 18 años.

El cobro está destinado a la remodelación de la catedral local y la construcción de la casa parroquial.

Sectores críticos argumentan que la aprobación de la norma presentó inconsistencias en su origen.

A diferencia de las asambleas ordinarias, en la sesión donde se autorizó la cuota se registró un flujo masivo de asistentes promovido directamente por sacerdotes y la iglesia católica local, en lugar de ser una convocatoria institucional de la Junta Directiva.

El Artículo 61 de los estatutos de la montaña establece que las contribuciones pecuniarias para litigiantes o gastos de beneficio común deben fijarse «teniendo en cuenta las circunstancias de cada familia o persona».

La cuota fija no contempla la vulnerabilidad de madres solteras, familias numerosas con dependientes, adultos mayores sin ingresos o hogares con personas enfermas.

Asimismo, sectores comunitarios señalan que las reparaciones esenciales del templo se limitan al cambio únicamente de madera y láminas del techo, calificando el resto de las obras previstas como desembolsos prescindibles.

Por ello, exigen a la nueva directiva la derogación inmediata del acta o, en su defecto, una rebaja sustancial ajustada a la capacidad económica de cada familia.