por: fenixnoticias.com

Las inconsistencias en la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz abrieron una grieta en la investigación del asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa.

Un juzgado guatemalteco dictó falta de mérito y ordenó la inmediata libertad de los jóvenes, luego de que las pruebas demostraran que la Policía Nacional Civil (PNC) presuntamente les implantó un arma de fuego para culparlos del crimen.

Los hermanos, quienes se ganan la vida como repartidores de comida a domicilio, fueron interceptados por agentes policiales en la zona 16.

La narrativa oficial intentó posicionarlos como los sicarios que perpetraron el ataque armado en el Campo Marte (zona 5); sin embargo, la coartada digital y laboral de los detenidos desarmó la acusación en los tribunales.

La defensa y los peritajes judiciales identificaron cuatro irregularidades críticas en el procedimiento de la PNC que sepultaron la credibilidad de la captura:

• Ruta de entrega activa: Los registros de las aplicaciones móviles demostraron que los hermanos se encontraban en plena ruta de entrega de un pedido activo de comida al momento de ser detenidos.

La logística comercial hacía físicamente imposible que estuvieran huyendo de la escena del crimen.

• Negligencia en pruebas científicas: A pesar de acusarlos de ser los tiradores, las autoridades trasladaron a los jóvenes a la Torre de Tribunales sin colocarles la protección reglamentaria en las manos (bolsas especiales) para resguardar la prueba de absorción atómica.

La ausencia de protocolos balísticos delató la falta de rigor técnico.

• Destrucción deliberada de evidencia: Ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), los capturados denunciaron que los agentes los requisaron dos veces y destruyeron intencionalmente uno de sus teléfonos celulares, con el presunto fin de borrar el historial de GPS y grabaciones de video que los respaldaban.

• Alteración de indumentaria: Los afectados declararon que los policías los obligaron a cambiarse de ropa antes de presentarlos ante el juez, alterando por completo la indumentaria de trabajo con la que operaban ese día.

La gravedad del caso dio un giro inmediato. La Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público ha iniciado una investigación penal formal en contra de siete agentes de la PNC involucrados en el operativo, bajo la sospecha directa de haber falsificado evidencia y manipulado la escena para fabricar culpables.

El fallo judicial no solo limpia el nombre de los repartidores, sino que vuelve a encender las alarmas sobre las prácticas de implantación de pruebas en el sistema de seguridad pública del país.