La masiva y simultánea explosión de miles de beepers y radios operados por miembros de Hezbolá en Líbano y Siria, registrada los días 17 y 18 de septiembre de 2024, continúa generando un intenso debate internacional sobre los límites del derecho humanitario y la efectividad de las tácticas bélicas modernas.

El ataque, atribuido de forma generalizada a Israel y reconocido posteriormente por sus mandos, dejó un saldo de al menos 37 personas muertas, entre ellas niños, personal sanitario y más de 3.000 heridos, según datos del Ministerio de Salud libanés.

La respuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue inmediata.

El entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el ataque como una violación del derecho internacional.

Durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, Türk enfatizó que convertir objetos de uso cotidiano en trampas explosivas constituye un crimen de guerra si no es posible garantizar la distinción entre civiles y combatientes en el momento de la detonación.

«Detonar simultáneamente miles de dispositivos sin saber quién los posee, dónde se encuentran ni cuál es su entorno viola el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario».

Diversos relatores de la ONU exigieron una investigación independiente, exhaustiva y transparente, señalando que la falta de control sobre el impacto directo en áreas civiles transgrede los principios fundamentales de proporcionalidad y precaución en el combate.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hizo referencia explícita a la operación durante intervenciones públicas y reuniones de gabinete, utilizándola como un hito táctico en la campaña contra Hezbolá:

«Israel golpeó a Hamás. Aplastamos a Hezbolá.

¿Recuerdan los bípers?

¿Recuerdan estos aparatos?

¿Los recuerdan? P

ues puedo decirles algo: Hezbolá ciertamente los recuerda.»

Analistas geopolíticos y defensores de derechos humanos han señalado el contraste entre el discurso político, que celebra la acción como una «operación quirúrgica y de alta precisión», y las implicaciones legales que conlleva la miniaturización e integración de explosivos en la cadena de suministro de tecnología de consumo.
Datos y hechos verificados sobre el ataque


Fechas del ataque: 17 de septiembre de 2024 (explosión de pagers o buscapersonas) y 18 de septiembre de 2024 (explosión de walkie-talkies).

Ubicaciones principales: Líbano (Beirut, Valle de la Bekaá, Sur del Líbano) y Damasco (Siria).

Mecanismo de detonación: Modificación de la cadena de suministro para introducir pequeñas cantidades de explosivo (PETN) y un detonador oculto en las baterías de los dispositivos marca Gold Apollo (modelos AR-924) y radios Icom IC-V82.

Víctimas registradas: Al menos 37 fallecidos (incluidos dos niños y médicos) y cerca de 3.400 heridos, con un alto porcentaje de amputaciones de manos, laceraciones faciales y pérdida de visión.

Calificación jurídica internacional: Ningún organismo internacional formalizó el término «terrorismo de Estado» en sus resoluciones oficiales, pero la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch concluyeron de forma unánime que se vulneró la prohibición de usar artefactos trampa (booby-traps) establecida en el Protocolo II de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales.